La construcción del proyecto minero Las Crucitas, en Cutris de San Carlos, recibió el aval de muchos, debido a la gran cantidad de fuentes de empleo que traería para los vecinos y -sin duda alguna- la ayuda económica que percibiría el Estado a raíz de ese proyecto; sin embargo, no existen -ni existirán- suficientes razones de peso para permitir la monstruosa destrucción a la flora y fauna en dicha zona.
El decreto ejecutivo que autorizó la corta de 191 hectáreas de bosque significó una catástrofe para la vida y el hábitat de miles de especies que ocupaban el área. Uno de los casos más discutidos es el de la lapa verde –especie en peligro de extinción-, la cuál habita y se alimenta con los frutos del almendro amarillo, principal especie de árbol que será derribado en la zona para la construcción de la mina.
Parece inesperado que el Presidente de la República Oscar Arias, junto con el Ministro del Ambiente Roberto Dobles, hayan autorizado la tala indiscriminada de la zona para desarrollar el proyecto minero, sobretodo en un gobierno con una política de “Paz con la naturaleza”. Además, dado que la gran mayoría de estas especies de árboles tardan décadas en alcanzar su máximo desarrollo; a diferencia del proyecto minero, que permanecerá en el país tan sólo 11 años.
El eventual daño ecológico que un proyecto de tal magnitud representaría para la zona, y para el país, sería irreparable. Los 50 árboles que pretenden plantar por cada uno derribado no van a dotar de hábitat, en un corto plazo, a especies que ya de por sí están en peligro de desaparecer para siempre.
Afortunadamente el proyecto fue detenido tan solo 2 días después de su publicación en La Gaceta -17 de octubre-; sólo se está a la espera de la pronunciación de la Sala Constitucional ante el recurso de amparo presentado por los ambientalistas.
Esperemos que las buenas decisiones sean las que den punto final a un asunto que deja mucho que desear del gobierno en turno.
El decreto ejecutivo que autorizó la corta de 191 hectáreas de bosque significó una catástrofe para la vida y el hábitat de miles de especies que ocupaban el área. Uno de los casos más discutidos es el de la lapa verde –especie en peligro de extinción-, la cuál habita y se alimenta con los frutos del almendro amarillo, principal especie de árbol que será derribado en la zona para la construcción de la mina.
Parece inesperado que el Presidente de la República Oscar Arias, junto con el Ministro del Ambiente Roberto Dobles, hayan autorizado la tala indiscriminada de la zona para desarrollar el proyecto minero, sobretodo en un gobierno con una política de “Paz con la naturaleza”. Además, dado que la gran mayoría de estas especies de árboles tardan décadas en alcanzar su máximo desarrollo; a diferencia del proyecto minero, que permanecerá en el país tan sólo 11 años.
El eventual daño ecológico que un proyecto de tal magnitud representaría para la zona, y para el país, sería irreparable. Los 50 árboles que pretenden plantar por cada uno derribado no van a dotar de hábitat, en un corto plazo, a especies que ya de por sí están en peligro de desaparecer para siempre.
Afortunadamente el proyecto fue detenido tan solo 2 días después de su publicación en La Gaceta -17 de octubre-; sólo se está a la espera de la pronunciación de la Sala Constitucional ante el recurso de amparo presentado por los ambientalistas.
Esperemos que las buenas decisiones sean las que den punto final a un asunto que deja mucho que desear del gobierno en turno.
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